La semana pasada la prensa nos desveló aspectos del informe definitivo de la auditoria del Intervención General de la Administración del Estado, órgano de control interno del sector público estatal, a la Corporación. Extraemos fragmentos de algunas publicaciones.
La programación de los canales para la nueva temporada 2022 – 2023 continua con la misma inercia externalizadora de los últimos años. Detrás de los nuevos programas, casi siempre hay una productora “en colaboración”, y casi siempre realizando labores que bien deberían hacerse con nuestros propios medios.
El 21 de diciembre de 2021, en medio de un aluvión de críticas desde la prensa, redes sociales y varios grupos parlamentarios a nuestro presidente por contrataciones “sospechosas”; UGT y SI firmaron un acuerdo con Tornero para “recuperar y respetar la producción interna” . Sin planes concretos de actuación, plazos, obligaciones detalladas para parte empresarial y ningún sistema de control real con penalizaciones por incumplimiento, el acuerdo ha quedado en una declaración de principios sin resultados efectivos.
Como colofón, la contratación de Josep Cuní como director y presentador del Informativo 24 Horas de Radio Nacional. Todo legal, gracias a nuestro Convenio firmado por UGT y SI.
En CGT propusimos regular con transparencia las contrataciones en la reciente Modificación del III Convenio. Pero ni UGT ni SI quisieron que se abordasen estos temas y, finalmente, firmaron junto a USO una Revisión que legitima el sistema actual.
“No os vamos a dar los contratos con las productoras porque no tienen nada que ver con esta Mesa de Producción”
Tremenda desilusión al comprobar que no éramos víctimas de una broma para la Gala de Inocente Inocente, tras denegársenos a CGT la entrega de diecisiete contratos con productoras, tres de ellos por series que llevan años esperando ser emitidas...
El informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto, entre otras cosas, subidas indebidas de salarios de varios directivos externos, indemnizaciones de directivos contratados muy superiores a lo regulado para los contratos de alta dirección, irregularidades en la contratación de personal no incluido en el Banco de Datos, falta de regulación integral de las actividades vinculadas con la producción de programas, 57 incidencias graves en los registros de inmuebles y un largo etcetera, que debería provocar el cese o destitución de los responsables...