Los delegados y delegadas del Comité de Empresa de Madrid se han concentrado este miércoles ante el Consejo de Administración, como primera acción del ciclo de movilizaciones convocadas. Pese a una sonora pitada, el Consejo ha pasado de nosotrxs y no nos ha recibido. Sí hemos tenido conversaciones con algunos consejeros a nivel personal. Nos han dicho que lo tratado van a trasladarlo a la Dirección, sin ningún compromiso concreto. Teniendo en cuenta las explicaciones que nos han dado sobre el funcionamiento del propio consejo de Administración, la verdad es que nos preguntamos para qué sirve este órgano; máxime en su composición actual.

¿Qué debe hacer un programa de TVE para funcionar fuera de todo control y normativa? Pues deberíamos preguntárselo a la contratada por obra como directora del programa ZOOM TENDENCIAS, que desde que el pasado verano pasó a depender de la Dirección de La 2 se ha permitido prescindir de todos nuestros reporteros gráficos, pagando a unos tales Jhon. S y Paco. M (no sabemos quiénes son ni de donde han salido) una media de cinco mil euros al mes por realizar grabaciones que podían haberse realizado con nuestros propios recursos. Para esto sí hay dinero.

Como las auditorías parecen fijarse más en los programas que en los servicios informativos alguien debió pensar, cuando entraba el otoño, que esto cantaba mucho y había que maquillarlo facturándose estos servicios a través de EL TORREÓN DEL SOL, productora que tiene la extraña habilidad de aparecérsenos siempre que investigamos cosas raras en nuestra querida empresa… cual si fuera el fantasma de la niña de la curva, pero en forma de espectro empresarial.

Y claro, todo esto no podría acontecer más que bajo una dirección “detentada” por un ex-sindicalista que aprovechó la causa de la defensa de la producción interna para medrar, tanto entre quienes le votaban como, sobre todo, entre la dirección con la que se reunía ¿Ironías de la vida o justicia poética?

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Queremos denunciar que las políticas autoritarias impuestas a las clases asalariadas desde el inicio de “la crisis-estafa”, han conllevado, no sólo desposesión y robo de derechos públicos esenciales para la vida (como la sanidad, la educación, los cuidados, la cultura, la comunicación, los transportes públicos, las prestaciones sociales….), sino que ha afectado directamente a la concepción social del trabajo público y, por consiguiente, al empleo de las personas que trabajan en lo público, hasta presentarlo como “ineficiente, despilfarrador, etc” para, de esta manera, mercantilizar dicho trabajo y entregárselo a las grandes corporaciones empresariales para garantizarles beneficios privados.